La VIII Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos estuvo dedicada a la memoria de la peruana Giulia Tamayo, ponente de Amnistía Internacional en el ciclo de Memoria y Dignidad de 2013 y durante la II Edición de la Semana de la Memoria Histórica, recientemente fallecida. La Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos llevará el nombre de Giulia Tamayo en reconocimiento a la activista peruana.
El jueves 30 de octubre de 2014 a las 20.00 horas, en el salón de actos de Cruz Roja Soria, arrancó la VIII Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo con la ponencia de Jacinto Lara, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
Jacinto Lara reveló en su conferencia inaugural documentos que implican al Estado Español a aclarar y recuperar los actos de la dictadura y también de la Guerra Civil, detallando dos informes, uno del grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas Involuntarias de la ONU y otro sobre la reparación de la Verdad, la Justicia y las Garantías de No Repetición, también del Consejo de Derechos Humanos del mismo organismo internacional.
De igual modo, el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos aludió al posicionamiento de España en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrado en septiembre. En esta asamblea, la representación española «esgrimió esencialmente motivos políticos» para no materializar los compromisos adquiridos internacionalmente por el Estado en esta materia y que se ciernen sobre más de 112.000 casos en todo el país. Otro de los capítulos abordados fue la querella tramitada por los tribunales de la justicia argentina sobre los crímenes franquistas, también a hilo de la «impunidad del Estado español» sobre los crímenes de la dictadura.
Lara significó que «debemos de ser moderadamente optimistas» en la resolución de todos estos hechos, ya que «algo se está moviendo» en el Estado español para esclarecer esta etapa. Algo que se debe a la presión de la comunidad internacional, «pese a que aquí haya cierta sordina con relación a los hechos que nos ocupan» y que llevará, según al ponente, a que «esta impunidad cese, cuanto antes mejor» ya que las víctimas han tenido «muchísima paciencia». El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España incidió en que con el paso del tiempo, muchos familiares directos de aquellas personas que sufrieron en sus carnes los avatares de la dictadura, «han ido falleciendo», por lo que reclama «la reparación, justa y precisa que les corresponde, en virtud de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado español».
El viernes 31 de octubre, a las 19.30 horas en la sala de exposiciones de la segunda planta del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, se inauguró la muestra sobre la exhumación de Barcones. La exposición fue presentada por Susana Soria y Julián G. de la Mata. Media hora después, en el bar Casco Viejo dela calle Real, se celebró el concierto con Fermin Balentzia y Paco Marín. La muestra permaneció abierta al público hasta el día 11 de noviembre.
Ya el sábado 1 de noviembre, a las 18.00 horas en el Teatro Palacio de la Audiencia, tuvo lugar el homenaje a los seis vecinos de San Esteban de Gormaz que fueron asesinados en Barcones. Una cita que incluyó la entrega a los familiares de los restos exhumados de estos represaliados por los franquistas.
El domingo 2 de noviembre a las 11.30 horas en el cementerio de Barcones, en la jornada más emotiva de este ciclo, se procedió al entierro de Juan Pablo Rica, Mariano González y Máximo Redondo. Y por la tarde, a las 17.00 horas, en el cementerio de San Esteban de Gormaz, se procedió a hacer lo propio con los restos mortales de Juan Ballano, Cándido Muyo y Bernabé Esteban.
El lunes 3, a las 20.00 horas en el Salón de Actos de Cruz Roja, se desarrolló la charla a cargo de Ángela Fernández y Alicia García y que llevó por el título «Los preventorios del franquismo, cárceles de niños».
En la jornada siguiente, 4 de noviembre, a la misma hora y en el mismo escenario, se celebró la conferencia impartida por Eduardo Ranz en la que se abordó «La denuncia por desapariciones forzadas de Los 10 de Barcones en el Tribunal Constitucional».
La clausura de las jornadas correspondió a Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional España. Fue el miércoles 5 de noviembre a las 20.00 horas en el Salón de Actos de Cruz Roja.
El Director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, calificó de «dañino» para la democracia el último borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque limita, entre otros derechos, el de reunión y de manifestación. Beltrán expresó su deseo de que el Gobierno cambie la ley en el trámite parlamentario porque de lo contrario, según ejemplificó, no se podrá grabar en vídeo a policías en una manifestación aunque se trate de periodistas acreditados. También indicó que notificar que se celebrará una manifestación -como quiere exigir el Gobierno- es conveniente pero no un requisito, como apunta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «No se reconoce el derecho a la manifestación espontánea en la nueva ley», se lamentó.
Beltrán mostró además su preocupación por la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana cuando de las 30.000 manifestaciones celebradas en España el año pasado, apenas un 0,6 por ciento hubo intervención de la Policía. Denuncia que se sustrae al poder judicial «una buena parte» del control del derecho de manifestación y se pasa al ámbito administrativo, eliminando el elemento de presunción de inocencia y reduciendo las garantías jurídicas. «En las batallas por los derechos humanos hemos aprendido que ni los avances son definitivos, pero los retrocesos tampoco; la ley será cambiada en el futuro», subrayó.
El Director de Amnistía Internacional apuntó que no se pueden legalizar las ilegales «devoluciones en caliente» en la frontera de Melilla y Ceuta, porque hay diez tratados internacionales que indican que una persona, cuando está en territorio español, no puede ser expulsada a otro país si no hay un procedimiento que asegure que no es maltratado si es devuelto. «Por mucho que cambie la ley de extranjería, predominan los tratados internacionales», auguró.
En su opinión, lo que empezó siendo una crisis financiera en España, se ha convertido en una crisis económica y de derechos humanos, tanto sociales como civiles.
Por otra parte, el responsable de AI en España señaló que al menos hay documentados 114.000 casos de desapariciones forzadas en España, más que en toda América Latina durante el siglo XX.
